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2006, 2006-2011

Minería y desarrollo sustentable. Para un (necesario y serio) debate democrático sobre la minería en la Provincia (1era.parte), El Ancasti, Catamarca, 2006

AA.VV. Minería y desarrollo sustentable. Para un (necesario y serio) debate democrático sobre la minería en la Provincia, El Ancasti, Catamarca, 18/12/2006

 Primera Parte: La Minería y la problemática ambiental.

 

Los abajo firmantes, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Catamarca, como integrantes de la comunidad política local nos vemos en la necesidad de exponer públicamente nuestras posiciones en torno a la problemática de la ‘gran’ minería en la provincia, con el objeto de participar y propiciar desde nuestro rol, el necesario debate público frente a la misma.

Lamentablemente, quienes tienen la responsabilidad política (y jurídica) de haber promovido y generado las condiciones necesarias para que como comunidad de ciudadana/os nos demos un proceso de deliberación colectivo, serio, responsable y democrático respecto de la ‘gran minería’, lejos de haberlo promovido y favorecido, han operado obstaculizando y distorsionando sistemáticamente tal posibilidad.

En tal sentido, además de las groseras operaciones ideológicas que a través de las ‘campañas publicitarias’ del Ejecutivo Provincial se han montado -financiadas con recursos públicos- con el objeto de ‘lavar la imagen’ y ‘legitimar’ ante la opinión pública a los ‘emprendimientos mineros’ como ‘agentes necesarios del desarrollo’, el debate público respecto de la minería en la provincia -y en el país- adolece de graves reduccionismos y omisiones que lo distorsionan sustancialmente. Y sobre estos aspectos queremos llamar la atención: el reduccionismo con el que son planteadas las problemáticas del impacto económico y del impacto ambiental de la ‘gran’ minería; y la falta de discusión sobre el impacto y las consecuencias políticas que los mismos implican.

Desde el punto de vista ambiental, la discusión se ha circunscripto casi exclusivamente a la problemática de la contaminación.  Ciertamente ésta, debido a que involucra tanto riesgos directos e inminentes como graves secuelas a largo plazo para la vida de las poblaciones y el ambiente locales, es uno de los principales aspectos que recae sobre la responsabilidad  de los funcionarios y agentes públicos y de las empresas mineras que están involucrados en el sostenimiento de los diferentes ‘emprendimientos’ de explotación y extracción minera actualmente en la provincia.

Al respecto,  consideramos pertinente poner en debate y advertir sobre las graves falencias estructurales[i] que afectan el desempeño responsable y efectivo de las funciones públicas de prevención, control y penalización de la contaminación. Sobre este punto no hace falta más que recordar la manifiesta ignorancia e incapacidad que el propio Ejecutivo Provincial ha reconocido públicamente en la materia ante el último derramamiento de fluidos del mineraloducto sobre el cauce del río Vis Vis.

Más allá de la indignación que justificadamente pueda provocar, la reconocida incapacidad oficial  para cumplir con los deberes estatales de prevención, control y, eventualmente, sanción de los casos de contaminación ambiental (después de 10 años de explotación en marcha!), deja al conjunto de la ciudadanía local en un estado de total impotencia e indefensión.

Advirtiendo sobre la urgente e imperiosa necesidad de subsanar institucionalmente las graves deficiencias que actualmente afectan el ejercicio de las funciones estatales de control de los efectos contaminantes de la minería, resaltamos de todas maneras, que pese a toda la gravedad e importancia que la cuestión de la contaminación  reviste, es necesario aclarar que la misma no agota, en sí misma, la problemática ambiental relacionada a la explotación minera. Por el contrario, hay una serie de problemas y efectos más amplios y complejos que generalmente están ausentes del debate público sobre la materia.

En tal sentido, cabe aclarar que dentro del concepto de daño ambiental asociado a las explotaciones mineras cabe consignar no sólo la problemática de la contaminación de la atmósfera y de las aguas superficiales y subterráneas, sino también un conjunto de agresiones y transformaciones negativas irreversibles de los ecosistemas naturales sobre los que intervienen, tales como desplazamientos y mortandad de la flora y fauna, pérdida irrecuperable de la biodiversidad, erosión del suelo, y destrucción del paisaje y del capital natural autóctono.

Asimismo, como viene siendo correctamente señalado por los movimientos sociales que en diversos lugares del mundo y del país se han levantado contra las grandes explotaciones mineras, el punto más importante a considerar respecto del daño ambiental que esta actividad genera es el referido al consumo destructivo del capital hídrico local.  En efecto, dada la magnitud tanto del consumo neto de agua (que sólo en el caso de la Minera Alumbrera significa un uso de 100 millones de litros de agua diarios) como de la remoción y destrucción del suelo que involucra el proceso extractivo de la minería, ésta provoca una inevitable modificación morfológica estructural de los acuíferos naturales y del régimen de funcionamiento de los sistemas hídricos locales, afectando severamente sus ciclos naturales de reconstitución.

Esto, en una región de ecosistemas ya de por sí frágiles y áridos, donde el costo de oportunidad de uso de los recursos hídricos (tanto para regeneración y reproducción de los propios sistemas biológicos naturales, como para el consumo humano en sus diversos usos) es altísimo, torna flagrantemente irresponsable la asignación de las magnitudes de agua comprometidas por la minería para esta actividad por sobre otros usos -presentes y futuros- incuestionablemente prioritarios.

De tal modo, como se puede ver, lo que está ambientalmente en juego en relación a la minería –en las actuales condiciones- excede ampliamente la problemática de la ‘contaminación’. Un análisis serio y profundo del impacto ambiental minero debe abordar insoslayablemente la cuestión de la sustentabilidad. Al respecto cabe decir que, aunque el discurso político y empresarial ha hecho uso y abuso -retórico- del tema de la sustentabilidad, en términos concretos es un cuestión que se omite sistemática y deliberadamente[ii].

Desde el punto de vista ecológico, hablar del aprovechamiento económico sustentable de los recursos naturales implica, para el caso de los recursos naturales no renovables (como es el caso de la minería), que la tasa de utilización de estos recursos debe ser equivalente a la de su posible sustitución en el proceso productivo. Asimismo significa que el nivel de actividad económica presente vinculada a una actividad extractiva tiene que poder financiar la generación de actividades productiva alternativas en el futuro que asegure el sostenimiento de la misma proporción relativa de población en el presente (lo cual implica que tiene que contemplar la tasa media histórica de crecimiento demográfico)[iii].

 

Desde el punto de vista ambiental, la sustentabilidad de una determinada actividad económica implica que ésta se adecue a la capacidad espaciotemporal de un determinado ambiente para absorber y recomponerse de las agresiones y transformaciones antrópicas. (Guimaraes, R. 2002).

Tomando en cuenta estas consideraciones en el contexto de lo ya referido, no es necesario hacer los estudios empíricos del caso para aseverar el carácter estructuralmente in-sostenible de las actuales explotaciones mineras activas en el territorio provincial; más aún, no sólo éstas son en sí mismas insostenibles, sino que la magnitud y el ritmo de agresión ambiental que provocan, ponen en severo riesgo la generación y/o desarrollo de actividades económicas alternativas. De todas maneras, encarar tales estudios empíricos podría contribuir no sólo a cuantificar la deuda generacional y la expoliación ambiental que tales emprendimientos suponen, sino también a tener un parámetro que permita dimensionar la (i)-responsabilidad política que los mismos implican para quienes (de diferentes formas y funciones) lo sostienen.

En función de lo expuesto, en tanto integrantes del sistema de formación e investigación científica y, reconociéndonos parte comprometida con la realidad política local y nacional, consideramos necesario hacer un llamamiento público urgente a la ciudadanía local a informarse, a movilizarse y a participar en pos de la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestro suelo y de nuestra agua, fuentes insustituibles de la vida, seriamente afectadas por la radicación de las grandes explotaciones mineras.

Defendamos nuestro derecho a la vida presente y futura. Defendamos el agua para nosotros y para nuestros hijos.

 


[i] Entre estas falencias estructurales que obstaculizan el serio ejercicio de tales funciones, cabe advertir en especial sobre dos aspectos. En primer lugar, el contraste entre, por un lado, la alta probabilidad de ocurrencia y el alto riesgo de contaminación que es inherente a una actividad de neto corte extractivo y altamente agresiva del ambiente y, por el otro, las deficientes (poco serias y poco responsables) y frágiles medidas e instrumentos de control, prevención, información y sanción implementadas por los funcionarios y agentes políticos sobre quienes recaen las responsabilidades políticas y judiciales en general, y penales en particular, de cumplir con tales funciones.

En segundo lugar, no se puede desconocer ingenuamente que la configuración de una ‘comunidad de intereses’ dominados por la mediación del poder económico entre los diferentes actores involucrados (los responsables de los estudios de evaluación ambiental, los funcionarios públicos y los agentes de la empresa) puede llegar a obstaculizar de manera decisiva, la determinación e implementación, tanto de condiciones y medidas de prevención eficaces, como la instrumentación de mecanismos de control y penalización efectivas ante eventuales casos de contaminación.

Respecto a la ‘comunidad espuria de intereses’ que puede afectar el ejercicio de las tareas de control del impacto ambiental de la minería, nos referimos por un lado, a la ‘dependencia’ que los consultores privados encargados de los estudios ‘técnicos’ (de factibilidad, de impacto ambiental, de contaminación, etc.) tienen respecto de la actividad minera en general y de las empresas mineras en particular, en tanto, al fin de cuentas, constituyen ‘asalariados privilegiados’ de las mismas; y por el otro, hacemos referencia también, a la ‘dependencia’ que los funcionarios y agentes políticos tienen sobre los ingresos y recursos (de diferentes ‘tipos’ y para diferentes fines) provenientes de las empresas mineras. Sobre este punto nos explayamos más al ocuparnos del impacto político de la minería.

 

[ii] Tomando en cuenta los aportes disciplinares provenientes de la economía ecológica y de la ecología política, la problemática de la sustentabilidad implica, desde el punto de vista ecológico, el estudio pormenorizado tanto de los flujos e intercambios de energía que tienen lugar durante una actividad productiva determinada, como el del balance a largo plazo entre la tasa de consumo energético que supone un determinado patrón económico (de producción y de consumo) y la capacidad de regeneración de las fuentes energéticas.

Como los estudios históricos de economía ecológica lo han puesto de manifiesto [En el plano mundial, los principales estudios históricos de economía ecológica son los de Donald Worster (1990), Alfred Crosby (1990), Martinez Alier, J. (1984 y 1992) y Herman Daly (1979); en el ámbito nacional, la principal referencia es el trabajo de Brailovsky y Foguelman (1997)], el patrón actualmente dominante de ‘evolución tecnológica’ (dentro del que se inscriben los grandes emprendimientos mineros radicados en el territorio provincial) involucra un proceso creciente de consumo energético a ritmos de tiempo cada vez más acelerados y con mayores niveles de entropía (ecuación entre energías totales destruidas en un proceso productivo y energía neta consumida en bienes y servicios).

 

[iii] Operativamente, este criterio implica, por un lado, que las inversiones realizadas para la explotación de recursos naturales no renovables, debe ser proporcionalmente equivalente a las inversiones asignadas a la búsqueda de sustitutos de los materiales no renovables que se extraen; y, por el otro, que las tasas de ganancia generadas por la actividad extractiva en el presente tienen que ser proporcional a las inversiones locales para la generación de actividades económicas alternativas en el período de tiempo que ‘dure’ la explotación.

De tal modo, desde la perspectiva de la sustentabilidad de las explotaciones mineras en marcha en nuestro territorio provincial, lo que hay que tener en cuenta es no sólo la eliminación del daño ambiental, sino también las tasas de inversión (en investigación y desarrollo) y en actividades económicas alternativas que las empresas mineras tienen en el propio ámbito territorial donde tienen radicada las explotaciones.

A saber, al día de la fecha, las únicas ‘inversiones’ que han realizado las empresas mineras tienen que ver con algunos invernaderos hortícolas en las comunidades cercanas y ‘donativos’ de diverso tipo, al más fiel estilo clientelar de la política local.

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

Brailovsky, A. y Foguelman, D. (1997) “Memoria Verde. Historia ecológica de la Argentina”, Ed. Sudamericana, Bs. As.

Crosby, A.  (1990) “Ecological Imperialism. The biological expansion of Europe, 900 – 1900”, Cambridge Univerity Press, Cambridge.

Guimaraes, R. (2002) “La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo”, en “Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía”, Alimonda, H. (comp.), Clacso, Bs.As.

Martinez Alier, J. (1984) “L’ecologisme i l’economia. Historia d’unes relacions amagades”, Edicions 62, Barcelona.

(1992)  “De la economía ecológica al ecologismo popular”, Icaria Ed., Barcelona.

Worster,  (1990) “Transformations of the Herat: Toward an Agroecological Perspectiva in History”, en Journal of American History, March.

About carlosfigari

PhD in Sociology (IUPERJ/Rio de Janeiro) University of Buenos Aires, Faculty of Social Sciences, Study Group on Sexualities, Gino Germani Research Institute National Scientific and Technical Research Council (CONICET)

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