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2006, 2006-2011

Minería y desarrollo sustentable. Para un (necesario y serio) debate democrático sobre la minería en la Provincia (2da.parte), El Ancasti, Catamarca, 2006

AA.VV. Minería y desarrollo sustentable. Para un (necesario y serio) debate democrático sobre la minería en la Provincia, El Ancasti, Catamarca, 19/12/2006

Segunda Parte: La Minería y la problemática económica y política.

Motivados por la necesidad de propiciar un serio y profundo debate democrático sobre el conjunto de problemáticas y desafíos que la cuestión de la ‘gran’ minería nos plantea al conjunto de la comunidad política provincial, los abajo firmantes, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Catamarca, queremos contribuir a tal fin exponiendo públicamente nuestras posiciones y reflexiones en torno a esta problemática.

A tal fin, y habiendo abordado ya en una Primera Parte de la presente comunicación las principales problemáticas atinentes a la dimensión ambiental que genera la minería, en las líneas que siguen queremos completar dicho análisis asumiendo la consideración de las dimensiones y significación económica y política que esta cuestión suscita.

Al avocarnos a esta tarea, es necesario aclarar de partida que los aspectos económicos y políticos son inseparables de la dimensión ambiental y que la diferenciación que establecemos entre ellos sólo se funda en un interés analítico. En tal sentido, conviene tener presente lo señalado por el economista contemporáneo Alain Lipietz respecto a que ‘todas las cuestiones ambientales relevantes, en el fondo, son de naturaleza política’, ya que “la particularidad de la ecología de la especie humana es que sus relaciones con la naturaleza están mediatizadas por formas de organización social, que reposan en dispositivos políticos” (Alimonda, 2002: 8).

Hecha esta aclaración, pasemos a ahondar en el análisis de la dimensión económica implicada en los grandes emprendimientos de explotación minera. Al respecto, hasta ahora, igual que como se señaló respecto de la problemática ambiental, el debate público se ha visto sesgado por una consideración reduccionista de lo que económicamente está en juego en relación a la minería, contribuyendo ampliamente a  esta distorsión la propaganda flagrantemente manipulatoria que el Gobierno realiza a favor de la minería, ‘promocionándola’ como el símbolo del ‘desarrollo’ y de la ‘integración’ de la provincia al mundo.

Más allá de la vergonzante publicidad oficial en la materia (cuyo análisis dejaremos para otra oportunidad), el debate sobre el impacto económico de la minería ha sido circunscripto -por oficialistas y opositores- a temas como  la cantidad de empleo generado, a los valores a los que ascienden los ingresos fiscales que generan, eventualmente, al efecto ‘multiplicador’ que sobre la estructura productiva local produce (un aspecto más declamado publicitariamente que efectivamente dimensionado económicamente). Adicionalmente, la propaganda estatal resalta los valores de exportación que la minería implica (como si la exportación fuera un dato por sí mismo positivo y si se tratara de un ‘logro de todos’ o ‘para todos’.

Aún cuando entendemos que estos temas no constituyen los más importantes a considerar cuando se trata de analizar el ‘impacto económico’ de la gran minería, veamos de todos modos qué pasa con estas variables. Un caso particularmente re-conocido es el del exiguo impacto en términos de creación de empleo: a lo largo de la década del ’90, período en el que ha tenido lugar la instalación y puesta en ‘producción’ de las principales mineras, la cantidad de empleados en el sector ha pasado del 0,12 % a apenas el 0,8 % del total de empleados en la provincia[1].

Este insignificante impacto en el empleo contrasta notoriamente con la incidencia de los ‘valores extraídos’ y exportados por las grandes mineras, que se reflejan, el primero, en el cambio en la composición del Producto Bruto Geográfico (mientras en 1990 la minería representaba el 0,55 % del P.B.G., ya en 1999 era del 21,91 %), y, el segundo, en la vertiginosa expansión de los valores exportados ‘desde’ (y no ‘por’, como dice la propaganda oficial) la provincia en el mismo período: mientras que a principios de la década (1993) se exportaba de la provincia por un total de 11,6 millones de dólares, en 2002 ese valor ascendía ya a 599 millones de dólares, de los cuales 565 millones (el 94 %) correspondían a la exportación de minerales en bruto[2].

 

 

A partir de estos datos, se puede observar el carácter netamente extractivo que implican estos ‘emprendimientos’, el contraste entre las millonarias cifras de ‘inversión’ y de ‘exportación’ y los exiguos valores en términos de empleo e incidencia en la conformación de una estructura productiva regional orientada a la producción de medios de vida para la población local.

Por otro lado, la propaganda oficial gusta de referir a lo que las mineras pagan en conceptos de ‘impuestos’ y regalías, pero omiten deliberadamente el costo fiscal de los beneficios impositivos creados por la Ley denominada de ‘Promoción Minera’ (Ley N° 24.196), mediante la cual el Estado creó y garantizó las condiciones de rentabilidad de estas explotaciones privadas en ‘nombre del desarrollo’. Asimismo, se omite toda referencia a las tasas netas de ganancia que este ‘negocio’ implica para las mineras; y, por cierto, contrastando con la publicidad que se hace de las ‘donaciones’ asistenciales de las mineras, se guarda un absoluto silencio sobre la inexistencia de inversiones en nuestro territorio de parte de esas ganancias extraordinarias y por única vez que suponen este tipo de actividades.

De tal modo, avanzando más aún sobre lo ‘no dicho’ respecto de las implicaciones económicas y políticas que suponen los ‘grandes’ proyectos de explotación minera, cabe señalar que los mismos involucran un nuevo ciclo de expropiación y transferencia neta de recursos naturales desde nuestras sociedades periféricas hacia las sociedades del ‘Norte’, donde históricamente se han concentrado las dosis más elevadas de consumo energético y de recursos naturales (renovables y no renovables) del mundo.

Revestido bajo el ropaje de la ‘modernización’ (que en los orígenes se llamó ‘evangelización’ y ahora adopta el nombre de ‘globalización’) asistimos a un nuevo ciclo de una ‘vieja historia’: de integración subordinada y dependiente de nuestra población y nuestro territorio a la dinámica concentradora y excluyente de la economía mundial. En efecto, lo que ahora se nos presenta con el seductor discurso del ‘desarrollo’ (hasta le ponen el nombre de ‘sustentable’) no es sino la profundización del patrón histórico de inserción de nuestras sociedades en la economía internacional, basada en la exportación intensiva de materias primas y recursos naturales.

El nuevo ciclo de ‘modernización productiva’ que se impulsó con las políticas neoliberales de los ’90 (las que a través de las reformas impositivas favorecieron y facilitaron la ‘radicación’ de los emprendimientos mineros) inaugura así, un nuevo período dentro de la trayectoria colonial a través de las cuales las sociedades dominantes de ‘Occidente’ se impusieron violentamente sobre las ‘emergentes’ sociedades caratuladas (desde el poder imperial por cierto) como ‘primitivas’, ‘atrasadas’, ‘subdesarrolladas’. En este ciclo -tal como sucedió en los orígenes de la ‘historia’ colonial moderna, afectando primero a América, más tarde África y luego Asia-, las sociedades periféricas siguen siendo las fuentes privilegiadas de mano de obra barata (esclava en sus orígenes), productos agrícolas y recursos minerales.

Entonces, podemos decir que hay algo de verdad en toda la propaganda oficial (pública y privada) sobre la minería: ella representa el ingreso de Catamarca a la globalización. La gran mentira reside precisamente en lo que se nos dice sobre la ‘globalización’. Lejos de constituir la nueva dinámica hacia el desarrollo y la modernización, la globalización -en las condiciones y modalidades ahora dominantes- constituye un cambio en las formas y estrategias de control colonial que las sociedades centrales ejercieron y ejercen sobre las periféricas.

En base a un profundo cambio del marco tecnológico y geopolítico, la ‘globalización’ supone una nueva etapa en la trayectoria del colonialismo caracterizada ahora por un nuevo ciclo de ‘re-primarización’ de las economías periféricas, mediante las cuales, a través del monopolio que los países dominantes ejercen sobre la ‘tecnología de punta’, se imponen nuevas formas de explotación sobre el trabajo y sobre la naturaleza, generando un nuevo ciclo de transferencia neta de recursos energéticos -desde las sociedades dependientes hacia las sociedades del Norte- con el objeto de subsidiar el despilfarro energético que suponen los patrones de consumo de las sociedades ‘desarrolladas’ (Coronil, F. 2000).

En síntesis, la radicación de los grandes emprendimientos mineros no significa sino el ‘ingreso’ del territorio provincial a esta ‘economía global’, a fin de que pase a desempeñar más eficazmente un ‘nuevo’ papel: alimentar el flujo de recursos energéticos desde el Sur hacia el Norte, para cubrir y satisfacer las voraces e insostenibles tasas de consumo de las sociedades dominantes.

Suponer o creer que esto es ‘desarrollo’, ya no es problema de las empresas mineras extranjeras; es un problema nuestro: somos nosotros, como sociedad catamarqueña, los que tenemos el desafío de despojarnos de la ‘mentalidad colonial’ como condición para tener chances de forjar nuestra propia identidad, nuestro propio futuro. De tal modo, la batalla contra la minería es una batalla por nuestra tierra, por nuestra agua, y por nuestras fuentes materiales de energía; pero es una batalla que, si queremos dar, debe incluir, insoslayablemente, el campo cultural.

Finalmente, en lo que respecta al impacto político que la minería tiene ya en el escenario doméstico local, cabe referir simplemente que ésta viene a acelerar las tendencias políticas generales que afectan a las democracias contemporáneas en el mundo actual, las que tienen que ver con la fuerte corrosión de las bases democráticas del estado y de los poderes públicos mediante la creciente mercantilización de la política.

A través de ésta, la democracia se convierte en mercado; la política se transforma en mercancía; los políticos se trasvisten en mercaderes, en gestores públicos de los intereses privados. Desde los más ‘humildes’ militantes hasta los más altos funcionarios partidarios y gubernamentales, los actores políticos ven a ésta no ya como el medio de deliberación y construcción de valores y criterios en base a los cuales orientar las condiciones presentes y futuras de la convivencia colectiva. La política es apenas, para la mayoría de los actores políticos, un medio y recurso económico: el medio de sobrevivencia, muchas veces precaria y servil (un Plan Jefes, un Bolsón), para ‘votantes’ y ‘militantes menores’; la fuente de ingresos a través de la cual, funcionarios y dirigentes solventan sus privilegiadas condiciones de vida, emulando las formas y los estilos de los sectores realmente dominantes.

En nuestro escenario político doméstico, la mercantilización de la política adopta la forma vernácula de la profundización y generalización de la lógica y los mecanismos clientelares. Lo que la minería hace es, simplemente, alimentar esos flujos y procesos proveyendo los recursos monetarios necesarios que los activan y sostienen: así, obras de ‘infraestructura’ (en el mejor de los casos), planes de asistencia y campañas publicitarias (ya a favor de la minería y el ‘desarrollo’; ya promocionando ‘productos electorales’), son las modalidades a través de las cuales se completa el ciclo de la mercantilización de la política: el financiamiento de la política clientelar mediante la cual los mandantes reales del poder pagan los (necesarios) servicios de la clase política y ésta financia el juego periódico de la ‘competencia electoral’.

Ahora bien, una vez más la responsabilidad sobre esta cuestión no es transferible a las ‘empresas extranjeras’; es un problema y una responsabilidad que nos compete exclusivamente a nosotros, los catamarqueños, como comunidad política. No hay razón para aceptar esta condena. No hay ninguna justificación para resignar el futuro. Es nuestra la tierra, el agua, la vida, no las de ellos. Se entiende que seamos nosotros quienes las defendamos.

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

ALIMONDA, H. (2002) “Introducción: política, utopía, naturaleza”, en Alimonda (comp.) “Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía”, Clacso, Bs. As.

Coronil, F. (2000) “Naturaleza del Poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo”, en “La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas”, Lander, E. (comp.), Clacso, Bs. As.

 


[1] Datos extraídos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1991 y 2001 respectivamente. Fuente: INDEC – Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.

[2] Datos extraídos del Área de Comercio Exterior – Secretaría de la Producción a partir de información proporcionada por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.

About carlosfigari

PhD in Sociology (IUPERJ/Rio de Janeiro) University of Buenos Aires, Faculty of Social Sciences, Study Group on Sexualities, Gino Germani Research Institute National Scientific and Technical Research Council (CONICET)

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