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4.Magazines

Decimos nosotros, dicen ellos. El proyecto minero para Catamarca: notas disidentes”, El Chiflón, Facultad de Humanidades, UNCa, agosto de 2007

 

 

Figari, Carlos y Ponce, Elsa. “Decimos Nosotros, Dicen Ellos. El proyecto Minero para Catamarca: notas disidentes” en El Chiflón. Divulgación y Debates, Facultad de Humanidades, UNCa, Catamarca, Año 2, Nº 2, p.5 , agosto de 2007.

La comunidad universitaria catamarqueña continúa debiéndose un debate en torno al proyecto minero en marcha para nuestra Provincia, el que a nuestro entender desafía su responsabilidad intelectual y ética como centro de producción de conocimiento.

En ese sentido retomamos aquí nuestra posición ya asumida a través de iniciativas como la Radio Abierta realizada el 28 de Junio pasado en la Facultad de Humanidades, con la presencia de un público mayoritariamente no-universitario. El dato no es insignificante en momentos en que el discurso político hegemónico tiende a señalar como síntomas de comunión con el “retroceso de los pueblos” nuestra crítica a las definiciones en curso sobre el desarrollo asociado a los emprendimientos mineros.

Sin embargo, sí viene a ampliar nuestra preocupación, el conjunto de declaraciones de la flamante secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que en una entrevista concedida al diario Ámbito Financiero, afirmara: “La minería a cielo abierto está provocando daño económico, social y ambiental”, particularmente mediante la extracción de oro y con la utilización de cianuro en minas a cielo abierto. Para la funcionaria, abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, “las leyes mineras dejan muy pocas ganancias a las provincias y la Nación”. Este y otros diagnósticos habrían determinado que se anuncie la conformación de un equipo técnico nacional para evaluar el impacto ambiental de las explotaciones. Pero, la verdad sea dicha, la ministra debe estar reconsiderando sus afirmaciones ya que el coro de argumentaciones gubernamentales va en la dirección opuesta, ponderando los beneficios de los emprendimientos mineros para las economías regionales y las comunidades donde estos se radican.[1]

Lo que llama la atención a nuestra observación es que pese a este reconocimiento oficial de los alcances de la Gran Minería para los estados provinciales se mantiene la omisión de pronunciamientos de los expertos en la problemática, lo que refuerza nuestra convicción de que ello señaliza una connivencia con los intereses de las empresas mineras y la reafirmación de una equivocada concepción de desarrollo.

Lo que se pone en discusión en el debate político, muy sui generis, como la generalidad de las deliberaciones en Catamarca sobre sus problemas estructurales, es la relación entre poder político y poder económico, a saber en la línea de las afirmaciones parlamentarias sostenidas a raíz de las denuncias de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental y el temor provocado por la ruptura del mineraloducto en la zona del río Vis-Vis, que abastece de agua a la población andalgalense. Así, el papel de la clase política local frente a este cuadro alarmante se mantiene intacto, pese a las graves denuncias sobre el deterioro de la salud de los pobladores y las condiciones de su hábitat, en la medida que se ha pronunciado a favor de la creación de comisiones investigadoras, sin discutir un solo ítem referido a los beneficios que la implementación de los asentamientos aseguró hace ya más de una década a los inversores, gracias a instrumentos como la ley de regalías mineras, que consiente la voracidad del capital transnacional en este rubro. Solo para ilustrar recuérdese, como apunta Machado Aràoz (2005),  que para la explotación de oro y cobre la Minera La Alumbrera Ltd invirtió en Catamarca 10 mil millones de dólares, suma que, según el Gobierno Provincial, ha multiplicado y transformado sustancialmente los “indicadores económicos de la provincia” ya que el rubro minero pasó del 0,56 % del total del PBG en 1990 a casi el 22 % en 1999, y a representar el 94,8 % del total de las exportaciones provinciales, que superaron su promedio histórico de 20 a 96 millones de dólares.

De modo que, no sorprende que la elite gobernante se desempeñe funcionalmente a la instrumentación y legitimación de este proyecto, pero si lo es que la universidad pública, que aún declama sus principios de autonomía intelectual y política, tome distancia de esta grave situación y suspenda su crítica científica responsable en nombre de que “es un hecho consumado” o que “el saber no puede contrariar los principios del progreso material de los pueblos.”

En consecuencia, la tesis de que la expropiación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de nuestra Provincia es la consecuencia inevitable de la ineficacia de los dispositivos técnicos subordinados a la asimilación y justificación de los imperativos de la economía capitalista no es caprichosa. Y más alarmante aún resulta que esta haya sido precisamente en los últimos años la fuente de justificación de los responsables del Poder Ejecutivo para la desregulación política de la Gran Minería con el auxilio de profesionales formados en las universidades públicas.

No obstante insistimos en que la comunidad universitaria tiene la oportunidad histórica de plantearse a qué proyecto de país aportan los recursos que forma y especializa y qué concepción de cambio social promueven mientras transitan por los espacios de poder institucional en las esferas del Estado.

 

 


[1]La ministra Picolotti, en la entrevista referida, señala otro dato, también destacado en nuestros pronunciamientos, de que las leyes para la regulación de los emprendimientos mineros se hicieron en la década del noventa, anexas al Código de Minería y orientadas asegurar la explotación desmedida  de los recursos no sustentables.

 

About carlosfigari

PhD in Sociology (IUPERJ/Rio de Janeiro) University of Buenos Aires, Faculty of Social Sciences, Study Group on Sexualities, Gino Germani Research Institute National Scientific and Technical Research Council (CONICET)

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